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Organizaciones firmantes en solidaridad con la sociedad civil mexicana

Las organizaciones sociales abajo firmantes se solidarizan con la

sociedad civil mexicana que exige:

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•       Se garanticen los derechos humanos frente a la reforma energética aprobada recientemente y se prohíba la fracturación hidráulica

•       Se retire el dictamen de Ley General de Aguas propuesto por ser violatorio del derecho humano al agua y saneamiento

•       Se cambie el modelo de gestión de agua, el cual no puede ir dirigido a favorecer mega infraestructura y trasvases para entregar el agua a la fracturación hidráulica y la minería.

•       Se escuche, discuta e integren las propuestas ciudadanas y académicas en la nueva ley general de aguas.

En el contexto de las grandes reformas estructurales que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a realizado a nombre del desarrollo económico del país. La Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental-LAVIDA, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Red Mexicana de Acción por el agua -FANMex, el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida,  La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Coalición Internacional por el Hábitat de América Latina dieron a conocer en diversas sesiones y reuniones, la situación de México en relación a las graves afectaciones que la reforma energética implican a los derechos económicos, sociales y culturales en México. Así mismo, informaron sobre el grave riesgo que el proyecto de Ley General de Aguas que se encuentra en discusión en el Poder Legislativo representa para el derecho humano al agua establecido en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana. Este proceso se está llevando a cabo sin tomar en cuenta a la academia y a la sociedad civil, quienes han demostrado tener propuestas que podrían hacer cumplir el mandato constitucional plasmado en dicho artículo y que establece que:

 

“Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

 

En cuanto a la reforma energética, las organizaciones participantes señalaron que el mismo proceso de presentación, discusión y aprobación de la misma fue violatorio de derechos humanos. Esto se debió a que no se garantizó el derecho de acceso a la información, se transgredió el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenasy se vulneró el derecho a la participación ciudadana al negar que la reforma fuese sometida a consulta popular. Asimismo, pusieron sobre la mesa argumentos que muestran que las disposiciones de esta reforma que fueron aprobadas son igualmente violatorias de los derechos.

 

Por un lado, la reforma promueve proyectos cuyos daños son inevitables, irremediables e irreversibles, como es el caso de la explotación de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica. La fractura hidráulica supone violaciones , entre otros, al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación ambiental; al derecho humano al agua por la afectación a la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad del agua; al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los propios hidrocarburos extraídos; al derecho a la alimentación adecuada por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras de cultivo y pastura; y al derecho a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas frente a los sismos y accidentes, disminuyen sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.

Por otro lado, porque al tiempo que privatizan la industria energética, la definen como de utilidad pública y le dan prioridad para el uso del territorio por encima de cualquier otra finalidad, como la agricultura, la ganadería y la vivienda, entre otras muchas. Para ello, las leyes incluyen figuras que obligarán a dueños y dueñas de las tierras, a comunidades campesinas y a pueblos indígenas a rentar sus tierras a las empresas petroleras y de energía eléctrica. Igualmente, porque la participación de las empresas privadas en el sector petrolero supondrá una reducción en los ingresos del Estado y por ende del gasto público,que financia los servicios necesarios para la garantía de los derechos humanos. Esta situación ya ha sido denunciada por organizaciones mexicanas en numerosas ocasiones, la más reciente el pasado 20 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia ¨Reforma Energética y derechos económicos, sociales y culturales¨.

 

Por si la reforma energética no fuese suficiente, el dictamen la Ley General de Aguas del pasado 5 de marzo viene a profundizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos indígenas, campesinos y ciudadanos en general. Si la Ley fuera aprobada tal cual, supondría la concesión de infraestructura hidráulica, que favorecerá el uso de grandes volúmenes de agua y su contaminación por actividades económicas (incluyendo el fracking) sin considerar y prevenir las consecuencias que esto traerá al agua para uso personal y doméstico, es decir sin considerar la urgencia de implementación del derecho humano al agua. El dictamen promueve un modelo de manejo de agua insostenible basado en la construcción de mega infraestructura (mega presas y acueductos como el Monterrey VI), trasvases y su concesionamiento. Mientras protege al contaminador, despoja a campesinos y ejidatarios de su agua.

 

Resulta inquietante el desconocimiento que tienen los legisladores que promueven sobre los estándares internacionales definidos en el comentario general 15 del comité de Derechos Económicos , Sociales y culturales de las Naciones Unidas (2002). Las organizaciones defensoras de estos derechos hemos analizado esta Ley y podemos afirmar que no cumple con el principio de no discriminación, el principio de asequibilidad,el derecho a la información, el derecho a la participación,el principio de sustentabilidad, el principio a la disponibilidad.

 

Por todas las consideraciones expuestas, las organizaciones abajo firmantes apoyamos a las organizaciones mexicanas que solicitan se retire el dictamen de ley, ya que no responde al mandato derivado de la reforma al Art. 4° de la Constitución. Exhortamos a que los legisladores y autoridades del agua mexicanas escuchen y analicen las propuestas ciudadanas y académicas, y respeten los compromisos adquiridos previamente a nivel internacional. Asimismo, apoyamos su exigencia de prohibición de la facturación hidráulica y que se establezcan las medidas necesarias para asegurar que el desarrollo energético no se haga a costa de los derechos humanos de la población mexicana.

 

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