América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030

América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030

Posicionamiento de la SC de América Latina y el Caribe ante la Agenda 2030 y su implementación en el marco del COVID-19 

 La pandemia, que implica un cambio total en la vida de todas las personas y sus relaciones (inclusive con la naturaleza), profundiza las desigualdades, el deterioro económico y evidencia el desmantelamiento sistemático de inversión registrada en los sistemas públicos de salud y educación, y en la protección social. Es también una oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconocer la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos como políticas de estado. Vivimos una crisis cuyo impacto no podemos aún dimensionar. Pero tenemos esperanza de superarla a partir de un diálogo horizontal y transparente, y de la puesta en marcha de transformaciones políticas, sociales y un cambio en el modelo de desarrollo. 

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región sufre el estancamiento económico – e incluso el estancamiento de la disminución de la pobreza – , y el retroceso del crecimiento y de la distribución, el aumento exorbitante de la deuda externa, la profundización de políticas económicas de austeridad fiscal y regresivas, que concentran riqueza en unos pocos; el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización; los altos índices de corrupción en un entorno de impunidad; la violación de los derechos con el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de defensoras/res de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales, culturales y laborales, y la represión y criminalización de la protesta ciudadana. 

Conozca nuestras propuestas en detalle bajando el PDF adjunto,pero aqui unos avances: 

1– Fortalecer nuestros sistemas democráticos y enfrentar la crisis del nuevo coronavirus desde una perspectiva de derechos humanos, estableciendo políticas económicas progresivas, con sistemas que garanticen las medidas de prevención, como el distanciamiento social. Promover el trabajo decente, así como políticas de proteccion social , evitar el desempleo, reducir la Informalidad laboral y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima a la población más vulnerable, al menos en momentos de crisis como los que vivimos, evitando un mayor aumento de la pobreza. 

2– Frenar la violencia generalizada. La única respuesta posible es generar un ambiente en donde la cooperación y la solidaridad, en el marco de la Agenda 2030, cuente con adecuadas capacidades, marcos normativos y recursos estatales definidos para enfrentarlos.

3– Real énfasis en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos asegurando el bienestar de toda la población, con leyes y políticas que atiendan las necesidades y aseguren la erradicación de cualquer tipo de discriminación. 

 4– Implementar acciones concretas basadas en datos desagregados, para planear respuestas bajo la perspectiva de la interseccionalidad e interculturalidad, así como programas y servicios para la reducción de las desigualdades que nos beneficien a todxs. 

5– La crisis exige poner al Estado como un eje de desarrollo fundamental para terminar con el hambre y reducir la pobreza, garantizando un piso de protección social universal, el trabajo decente, 3 la salud pública gratuita y de calidad, así como la educación pública laica, gratuita, inclusiva y a lo largo de toda la vida.

6– Exige contener el avance de la influencia creciente de fundamentalismos religiosos y de toda índole en los espacios políticos, incluyendo en la salud y la educación, que niegan evidencias científicas y políticas informadas, promueven desigualdades. 

7– Exige que se ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y garanticen una vejez digna; que se adopte el Programa de Acción del Decenio de la OEA; el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la aplicación de las Directrices de la Tierra sobre Seguridad Alimentaria Mundial (ONU) asi como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007; que se agilice un plan para implementar la Década de la Agricultura Familiar y los Derechos de los Campesinos de la ONU y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes; que se ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y que atiendan a las demandas del Foro Político de Alto Nivel 2019 y del Foro de Juventudes ALC 2030.

8– Exige compromiso financiero, político y legal para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030, 

9- Implica exigir que los compromisos asumidos por la cooperación internacional para el desarrollo y en particular la cooperación Sur-Sur, entre los países desarrollados y los de renta media o baja se revisen, y se activen para responder de manera efectiva al actual escenario de crisis generalizada en la región, sin abandonar los Objetivos de la Agenda 2030 y apoyando la participación de la sociedad civil.

 

Es hora de un nuevo Pacto con justicia socioambiental y económica para los pueblos de América Latina y el Caribe, que promueva un desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, impulse a los Estados a la acción, en concurso con las organizaciones de la sociedad civil, para resurgir de esta pandemia con nuevos modelos de desarrollo y un paradigma basado en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todos y todas.